Hay frases que aparecen en medio del ruido y, sin proponérselo, resumen una época .“Este país quiere trabajar, no quiere bloquear”. La dijeron ciudadanos bolivianos frente a un grupo de activistas argentinos que llegó al país en plena crisis. La escena podría parecer menor dentro de un conflicto mayor. Un episodio más. Una tensión más. Una frase más lanzada en medio de un país agotado.
Pero no lo es.
Porque esa frase contiene algo más profundo que una consigna. Contiene cansancio. Contiene hartazgo. Contiene una forma de dignidad cotidiana que rara vez ocupa el centro del debate político.
Bolivia lleva semanas viviendo entre carreteras interrumpidas, incertidumbre económica, filas, miedo, desabastecimiento y una sensación colectiva de encierro. En ese contexto, decir que el país quiere trabajar no es una frase contra la protesta. Es una frase a favor de la vida.
A favor del comerciante que abre su tienda sin saber si podrá reponer mercadería. A favor del transportista que necesita circular para sostener a su familia. A favor de la madre que debe llegar a un hospital. A favor del joven que quiere estudiar. A favor del productor que mira cómo su cosecha se pierde en un camino bloqueado. A favor de todos aquellos que no aparecen en los discursos grandilocuentes, pero cargan sobre sus espaldas el costo real de cada crisis.
En Bolivia hemos convertido el bloqueo en un lenguaje político casi habitual. Lo conocemos. Lo entendemos. Lo hemos padecido. Lo hemos justificado algunas veces y condenado otras. Sabemos que detrás de muchos bloqueos existen demandas legítimas, dolores acumulados, regiones abandonadas, sectores que sienten que el Estado solo escucha cuando el país se detiene.
Pero también sabemos otra cosa. Que ningún país puede vivir indefinidamente detenido. Que ninguna sociedad puede transformar la parálisis en método permanente. Que ningún derecho se fortalece cuando termina destruyendo la posibilidad de vivir de los demás.
La democracia necesita protesta. Pero también necesita límites. Necesita escuchar el conflicto, pero también proteger a quienes quedan atrapados en él. Necesita reconocer el derecho a reclamar, pero también el derecho a trabajar, circular, alimentarse, curarse y llegar a casa.
Quizás allí está el punto más delicado de nuestra crisis: hemos perdido la capacidad de sostener dos verdades al mismo tiempo. Es cierto que hay sectores sociales profundamente frustrados. Y también es cierto que el bloqueo castiga, muchas veces, a los más vulnerables. Es cierto que el Estado ha llegado tarde a muchas demandas. Y también es cierto que la sociedad no puede ser tomada como rehén de cada disputa de poder. Es cierto que la protesta forma parte de la vida democrática. Y también es cierto que cuando la protesta se vuelve coerción, comienza a parecerse demasiado a aquello que dice combatir.
Por eso la frase escuchada estos días resulta tan potente. No nace de una teoría política. No viene de un gabinete, de una embajada ni de una estrategia electoral. Nace de la experiencia concreta de un país que despierta cada mañana preguntándose si podrá hacer lo más básico: trabajar.
No enriquecerse. No imponerse. No vencer. Trabajar.
Hay una humildad enorme en esa palabra. Trabajar significa sostener lo cotidiano. Significa insistir aunque el país parezca quebrarse. Significa levantarse incluso cuando la política se vuelve una maquinaria de agotamiento. Significa creer que todavía existe una mañana posible.
Y quizás por eso duele tanto que el trabajo haya terminado convertido en una víctima silenciosa de la confrontación nacional.
La llegada de activistas extranjeros al país abrió otro debate: el de la soberanía, la injerencia, los límites de la solidaridad internacional y el derecho que tiene todo Estado a regular quién ingresa a su territorio. Ese debate es importante. Ningún país puede renunciar a su soberanía. Ningún visitante puede pretender comprender una crisis nacional con la ligereza de quien llega, declara y se va.
Pero, más allá de esa discusión diplomática, la escena reveló algo más íntimo. Reveló que Bolivia está cansada de ser observada únicamente como territorio de conflicto. Cansada de que su dolor sea interpretado desde afuera como una postal ideológica. Cansada de que otros quieran convertir sus heridas en causa ajena sin cargar con las consecuencias.
Porque quienes bloquean y quienes sufren los bloqueos no son abstracciones. Son personas. Son bolivianos. Son rostros concretos en un país demasiado acostumbrado a que la política hable por encima de la gente. Y quizá eso es lo que más deberíamos escuchar en esa frase.
No se dijo: este país no quiere justicia. No se dijo: este país no quiere derechos. No se dijo: este país no quiere cambios. Se dijo: este país quiere trabajar. Y trabajar, en una sociedad quebrada por la desconfianza, también es una forma de pedir futuro.
El problema es que Bolivia ha sido empujada una y otra vez a elegir entre extremos. Como si solo existieran dos caminos: bloquear o callar. Resistir o someterse. Defender derechos o defender el orden. Protestar o trabajar. Pero los países no se salvan en esas falsas disyuntivas.
Bolivia necesita una política capaz de escuchar antes de que las carreteras se cierren. Necesita instituciones que respondan antes de que la rabia se desborde. Necesita liderazgos que no celebren el caos cuando les conviene ni invoquen el orden solo cuando se sienten amenazados. Necesita una ciudadanía que pueda reconocer el sufrimiento del otro sin convertirlo inmediatamente en enemigo.
Porque detrás de cada bloqueo hay una herida. Pero detrás de cada persona impedida de trabajar también hay otraY una democracia madura no debería elegir qué dolor merece ser reconocido y cuál debe ser ignorado.
Durante años nos hemos acostumbrado a medir la fuerza política por la capacidad de paralizar. Quien bloquea más, presiona más. Quien cerca más, negocia más. Quien incomoda más, existe más.
Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos qué tipo de país produce esa lógica. Un país donde la autoridad se mide por la fuerza. Un país donde la ciudadanía se mide por la capacidad de resistir. Un país donde la normalidad se vuelve sospechosa y el conflicto se vuelve identidad.
Pero Bolivia no puede reducirse a sus bloqueos.
Bolivia también está en quienes madrugan para vender en los mercados. En quienes cruzan ciudades para trabajar. En quienes cultivan, transportan, enseñan, curan, cocinan, limpian, construyen y sostienen silenciosamente lo que la política muchas veces destruye. Ellos también son el país.
Y quizá hoy están diciendo algo que deberíamos tomar en serio: que no quieren vivir eternamente bajo amenaza. Que no quieren que cada crisis les robe la rutina. Que no quieren que el futuro dependa siempre de quien controla una carretera.
Quieren trabajar. Y eso, en la Bolivia de hoy, es casi una declaración política. No contra los derechos. No contra la protesta. No contra la justicia, sino contra la resignación de creer que solo podemos existir bloqueándonos unos a otros.
Tal vez la pregunta de fondo no sea si el país quiere trabajar o bloquear. La pregunta es por qué hemos llegado al punto en que trabajar parece un acto de resistencia.
Y por qué una sociedad entera debe pedir permiso al conflicto para continuar viviendo.
Cuando esta crisis pase, si es que pasa, quedará algo más que balances políticos. Quedará la memoria de un país cansado. De un país que fue empujado otra vez al límite. De un país que tuvo que gritar, frente a propios y extraños, que su aspiración más elemental era seguir trabajando.
Quizás allí comienza una verdad que no deberíamos olvidar.
Bolivia no necesita más dueños de la calle. Necesita recuperar el sentido de comunidad.
Porque un país no se construye bloqueando indefinidamente sus caminos. Se construye cuando sus ciudadanos pueden recorrerlos sin miedo.
Y cuando trabajar deja de ser una súplica para volver a ser un derecho compartido.
(*) Gloria Ardaya es escritora y estudiante de Filosofía