Narcodeforestación: el nuevo mapa de la coca destruye la Amazonía andina

A más de 3.730 metros de altitud, en Oruro, las autoridades de Bolivia hallaron en enero de este año lo que puede ser una de las incautaciones de droga más grande y sofisticada de estos tiempos: 8,7 toneladas de cocaína impregnadas como barniz en  miles de tablones de madera que iban a transitar primero a Chile y luego a Panamá, para llegar después a Bélgica y finalmente a Países Bajos.

Este decomiso muestra el auge del tráfico de drogas en la región, que ahora tiene como principal foco de disputa el territorio amazónico. Mientras el Perú, Colombia y Bolivia continúan siendo el epicentro de la producción de cocaína en el mundo y Ecuador dejó de ser una zona de tránsito para convertirse en el centro de la distribución, las mafias del narcotráfico han puesto su atención en la invasión de tierras indígenas y bosques amazónicos para extender la frontera de la hoja de coca ilegal. 

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con La Silla Vacía en Colombia, Vistazo en Ecuador y El Deber en Bolivia, identifica que la reconfiguración de las organizaciones criminales está modificando el mapa de la droga, expandiendo los cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.

Solo entre 2018 y 2022, según cifras oficiales, la deforestación en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú superó el millón de hectáreas. Pero la situación más alarmante se presentó en Bolivia, donde la pérdida de bosques alcanzó, solo en 2023, más de 696 mil hectáreas, que representa un aumentó del 27 % respecto al año anterior, según los reportes de Global Forest Watch. 

Gran parte de esta destrucción está relacionada al avance de las plantaciones de coca sobre suelos de bosques. El análisis de datos espaciales y estadísticos realizado por el equipo de OjoPúblico revela que en Perú, el 64% de la deforestación (356 mil hectáreas) correspondió a zonas de la Amazonía donde los cultivos de coca se han acentuado.

Acelerados por la innovación genética, la tecnificación de recursos, el empoderamiento de actores criminales internacionales que han tomado el control de las plantaciones y de las rutas hacia Brasil, se ha impuesto un nuevo orden en el mercado de la coca en medio una crisis que atraviesa el precio de la hoja de coca en Colombia.

El nuevo orden territorial del crimen

Las zonas de la Amazonía en donde los últimos años se están extendiendo los cultivos de hoja de coca son las localidades ubicadas en las fronteras. Así ocurre en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, en la denominada triple frontera: las plantaciones crecen en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí. Pero también ocurre hacia el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil), y en los límites de Bolivia con Perú y Brasil. Y se repite, en el norte, en la frontera de Ecuador con Colombia.

En la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, límite con la provincia colombiana del Putumayo y la provincia peruana del mismo nombre, la deforestación pasó de 6.824 hectáreas en 2020, a 9.146 hectáreas en 2022, lo que representa un incremento del 34%. Es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor pérdida de bosques. En primer lugar se ubica Morona Santiago, también frontera con Perú, con 9.828 hectáreas deforestadas el 2022.

Desde las riberas de los ríos  Putumayo, que atraviesa  Brasil, Colombia y Perú, y Yavarí, que separa Perú de Brasil; hasta las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, los cultivos de hoja de coca se extienden en Ecuador, Perú y Bolivia impulsados por grupos criminales que captan y muchas otras veces, invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.

El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial de estas fronteras amazónicas: Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (de Brasil, con influencia y presencia en Perú), Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez (de Colombia, con influencia y presencia en Ecuador y Perú), y Los Lobos y Los Choneros (de Ecuador, con presencia en Perú). 

En Perú, entre 2018 y 2022, la superficie cultivada de hoja de coca se incrementó en los distritos amazónicos de la frontera con Colombia, Brasil y Bolivia, principalmente, en las regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

De este grupo, el aumento más elevado de cultivo de hoja de coca se registró en el sector conocido como Callería, Ucayali. Sobre esta área, el incremento fue de más de siete veces: entre 2018 y 2022 pasaron de 1.047 a 7.846 hectáreas.

En el mismo tiempo, en la zona conocida como Bajo Amazonas –que corresponde a la frontera peruana con Colombia y Brasil, entre las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí– los cultivos aumentaron cuatro veces: pasaron de 277 a 1.211 hectáreas. Una situación similar se registra en Sandia, en la frontera con Bolivia.

Los datos de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) de Bolivia a los que se accedió para esta investigación confirman que Sandia es uno de los puntos de inicio del tráfico de coca desde Perú hacia Bolivia, en las localidades de Palmeras y Miraflores.

En los últimos años, también se ha incrementado el decomiso de cocaína en territorio amazónico. Entre 2018 y 2023, según los datos de la Dirección Antidrogas de la Policía a los que OjoPúblico tuvo acceso, en los distritos de Callería y Masisea, también en Ucayali frontera con Brasil –donde las investigaciones apuntan a la presencia del Comando Vermelho– se triplicó la incautación de Pasta Básica de Cocaína (PBC). En 2018 se confiscaron 100 gramos de cocaína, y el 2023 la cifra superó los 14 kilos.

El informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia identificó al 2023 que el 65% de los cultivos de coca del país se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo. De acuerdo a estas cifras, en 2021, solo la zona del Putumayo albergaba 31.874 hectáreas de coca, pero el 2022 alcanzó las 53.648 hectáreas, lo que representa un aumento del 68%.

En este mismo departamento de la frontera con Perú y Ecuador, la pérdida de bosques representó el 6% (116.427 hectáreas) de toda la deforestación colombiana entre 2013 y 2022, última cifra sobre la que las autoridades tienen registro.

En el departamento colombiano de Nariño, que limita con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, en 2022 hubo más de 59.000 hectáreas con sembríos de hoja de coca, según el mismo reporte de la Unodc.

El avance de estos cultivos en Colombia ha sido histórico, y como ocurre en Perú y Bolivia, se da sobre territorios indígenas (18% de tierras afectadas) y áreas naturales protegidas (21%).

La coca en áreas protegidas

En Perú, Colombia y Bolivia, según la información proporcionada por las autoridades, hay penetración de cultivos de hoja de coca sobre áreas protegidas, y junto a estas plantaciones se instalan laboratorios de procesamiento de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinas usadas para el transporte de droga. 

En Bolivia, la siembra se ha registrado en 6 de las 23 áreas protegidas nacionales y 4 de estas se encuentran en la Amazonía. En los seis parques hay un total de 435 hectáreas de coca, con un leve descenso respecto a 2021, cuando se llegó a 452 hectáreas. El caso más crítico es el del Parque Nacional Carrasco, ya que alberga el 51% de los cultivos de coca en áreas protegidas, con 224 hectáreas. 

A diferencia de lo que ocurre en Colombia y Perú, hasta octubre del 2023, según las cifras recogidas por la Unodc para Bolivia, el cultivo de hoja de coca disminuyó entre 2021 y 2022. Esta caída también se reflejó en zonas amazónicas. 

En Perú, la superficie de coca sobre áreas naturales protegidas alcanzó el 16% de las 95.008 hectáreas monitoreadas en 2022. De este grupo, la mayor parte (39,4%) se concentró en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, con 277 hectáreas cultivadas. 

Por su parte, en Colombia el 49% de los cultivos de coca se encuentran en zonas categorizadas como manejo especial, entre las que se encuentran parques naturales (21%), resguardos indígenas (18%), terrenos de comunidades afrodescendientes (4%) y reservas forestales (2%). 

En 2021, un 37% de los cultivos se concentraron en parques de la Amazonía colombiana y un 24% en resguardos de esa región. La Serranía de la Macarena, en Meta, La Reserva Natural Nukak, entre Caquetá y Guaviare, y La Paya en Putumayo, fueron los parques más afectados por la siembra. El 60% de la deforestación en 2022, a su vez, ocurrió en zonas de protección la mayoría del bioma amazónico.

En territorio ecuatoriano, a pesar de la poca información proporcionada por la policía sobre la presencia de plantaciones de hoja de coca, la actividad tiene vínculos e impactos en el pueblo indígena Siona, que vive permanentemente amenazado por grupos de foráneos que invaden sus tierras para el cultivo de coca, indica un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador al que accedió la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y que se hace público por primera vez.

Actores criminales

En la cadena productiva del narcotráfico, las plantaciones y la producción de cocaína, así como el control de las rutas, responde a organizaciones criminales multinacionales que tienen presencia en los países de frontera. La Red Transfronteriza de OjoPúblico identificó a dos provenientes de Brasil (Primer Comando Capital y el Comando Vermelho), igual número en Colombia (Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez) y en Ecuador, las bandas de Los Lobos y Los Choneros. 

Las disidencias colombianas detectadas, aunque se enfrentan entre ellas por el control territorial especialmente en el río Putumayo en la frontera con Guaviare y Meta colombianos, como ha reportado La Silla Vacía, tienen relaciones de colaboración con los principales grupos criminales brasileños. Esto hace que la sumatoria del poderío de todos incremente su influencia y alcance territorial a lo largo de este territorio. 

Fuentes de seguridad de Ecuador consultadas para esta investigación atribuyen a los Comandos de la Frontera el control de la mayoría de laboratorios y cristalizaderos en el cordón fronterizo entre Putumayo y la región de Sucumbios, así como del cobro de extorsiones y cupos a los campesinos que siembran la hoja de coca. 

Este territorio ecuatoriano, según datos policiales de ese país, también es una ruta terrestre para el traslado de cocaína y su salida hacia los puertos de la costa.

Además, como se corroboró en esta investigación, a las familias del pueblo indígena Siona que viven en la frontera con Colombia, estos grupos les ofrecían un pago de 4 millones de pesos colombianos (cerca de mil dólares, al tipo de cambio vigente) por una sola siembra y cosecha de hoja de coca. “Luego [de esta situación] la familia debe obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, detalla el documento defensorial que, por la gravedad del caso, solicita medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Detrás de las amenazas al pueblo siona en Colombia y Ecuador, de acuerdo a entrevistas con fuentes locales, se encuentran los Comandos de la Frontera, que actualmente están enfrentados con el frente Carolina Ramírez. Estos grupos armados están integrados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El grupo de los Comando De la Frontera también tiene nexos con el grupo de los Lobos —que operan en Ecuador y Perú— y, en menor medida, con Los Choneros. Además, estas bandas son proveedoras de combustible para que los Comandos de la Frontera puedan procesar la cocaína, coinciden investigadores entrevistados.

Innovación y tecnología: enclaves de la coca

La producción de droga, a partir de la hoja de coca, ha generado en los últimos años nuevas modalidades y procesos para su posterior envío —desde Sudamérica— a otras latitudes internacionales como Estados Unidos o países de la Unión Europea. 

En diferentes visitas realizadas al lado peruano, altos mandos policiales señalaron que han identificado más de 100 de laboratorios de producción de droga en territorios cercanos a la provincia del Putumayo. Sin embargo, el poco presupuesto y personal asignado no permite una intervención en estos lugares.

En el caso ecuatoriano, según indicaron fuentes de inteligencia policial, el procesamiento de hoja de coca ocurre en dos niveles. El primero es cuando se produce la pasta básica de cocaína (PBC) y el segundo cuando esta se cristaliza para obtener clorhidrato de cocaína. 

“Para cristalizar la PBC y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización (en Ecuador) a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla un documento policial al que accedió Vistazo para esta publicación.

En los últimos cinco años, la Unodc ha identificado en Colombia una nueva dinámica del narcotráfico denominada enclaves, referida a los centros de concentración, tecnificación y mejoramiento de los procesos de la siembra, extracción, producción y comercialización de la droga. 

En el caso de la Amazonía, la mayoría de estos lugares se han establecido en la frontera del Río Putumayo para garantizar el ingreso de insumos, así como la salida de la coca y sus derivados. Además, con la caída de las FARC, el control recayó en sus grupos disidentes: el frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera.  

A diferencia de los manchones de coca cultivados de a pocos en años, en los enclaves los grupos arrasan con todo en una sola zona, rompiendo corredores biológicos y el equilibrio de los bosques. El área calculada por este tipo de afectación, según un estudio del 2022 de distintos investigadores, supera los 188.000 kilómetros cuadrados (18’800.000 hectáreas), más que el área total de Corea del Sur.

La dinámica de los precios

Las cifras oficiales de Perú y Colombia muestran que el costo de la hoja de coca cambia según la localidad y el período revisado. En Colombia no se cuenta con información oficial actualizada, pero –en promedio–se identificó que se aprecia un aumento en el precio —en moneda local— para el período 2013 a 2018. En este tiempo el promedio de la hoja de coca a nivel nacional pasó de 2.014 pesos colombianos (USD 0,5 al cambio actual) por kilo a 2.250 (USD 0,57).  

Este incremento se dio en las zonas colombianas de Putumayo-Caquetá, Corredor Amazónico, Meta-Guaviare y Orinoquía. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos no dispone de datos actuales y actualmente están en un proceso de cambio metodológico debido a las nuevas dinámicas de la coca. 

En Perú, la información oficial y más actualizada indica que el precio promedio nacional de la hoja de coca es de USD 2,14 por kilo. Este valor cambia según la zona. Desde 2020, los distintos montos están divididos en seis puntos: el Corredor Amazónico (Ucayali y amazonía central), el Huallaga, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Sur Amazónico, La Convención - Kosñipata y la Triple Frontera. Los tres últimos agregados desde los reportes de hace tres años.

El valor más alto de la hoja de coca se encuentra en el Sur Amazónico (Puno y Madre de Dios)donde alcanza los USD 3,33 por kilo. Mientras que en el caso de la Triple Frontera (Bajo Amazonas y Putumayo) el costo se reduce a USD 2,11 el kilo y en el Corredor Amazónico (Pichis - Palcazú y Aguaytía) el precio cae a USD 1,9 el kilo. 

El precio de la hoja de coca en Bolivia está por los suelos. Nunca el valor de la coca llegó a niveles tan bajos en suelo boliviano y por eso muchos productores del arbusto ancestral tuvieron que migrar a otros negocios, como la minería ilegal o el cultivo de frutas y verduras. Las principales razones por el bajo precio de la coca son el contrabando de esta planta desde el Perú, el incremento de cultivos en zonas no autorizadas y la venta libre, que muchas veces es desviada al narcotráfico. Además, el cultivo de la coca en áreas protegidas de la Amazonía boliviana se mantiene y sigue provocando deforestación. 

En Bolivia seis de las 23 áreas protegidas nacionales están afectadas por los cultivos ilegales de coca. De esa cifra, cuatro están en la Amazonía: el Territorio Indígena Parque Nacional Isisboro Sécure (Tipnis), el parque Carrasco, el parque Madidi y el área de Apolobamba. En estas reservas se cuantificaron 345 hectáreas de cultivos de coca, siendo la más afectada Carrasco, en el departamento de Cochabamba, con 224 hectáreas. 

Estos datos se publicaron en el informe de Monitoreo de Cultivos de Coca realizado en 2022 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). 

Sin embargo, en Bolivia existe una peculiar autorización para sembrar coca en dos áreas protegidas. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) delimitó en el Tipnis y Carrasco zonas donde los cocaleros pueden cultivar la hoja. 

En el área conocida como el Polígono 7, que es la parte sur del Tipnis, en 2022 se detectaron 1.434 hectáreas de cultivos de coca y en la Línea Roja, en el parque Carrasco, se evidenció 1.063 hectáreas de coca. En estas dos zonas se sumaron 2.497 hectáreas de coca que están autorizadas en las dos reservas.