El fiscal general Juan Lanchipa lamentó este lunes, 17 de junio, que miembros de la Compañía de Jesús hayan incurrido en actos de "encubrimiento" de hechos de pederastia y abuso sexual a menores de edad durante muchos años.
Lanchipa anunció la reapertura de la investigación en contra de sacerdote Luis María Roma (fallecido), sobre todo para dar con los encubridores.
El fiscal general destacó la presencia de testigos víctimas que aporten con evidencias sobre estos hechos y pidió a las instituciones y personas que tengan conocimiento de estas denuncias hacer conocer al Ministerio Público.
"Es lamentable cuando uno toma conocimiento del encubrimiento que ha realizado esta comunidad de jesuitas, de estos hechos de pederastia y abuso sexual a menores durante muchos años", señaló Lanchipa en una conferencia de prensa.
La autor admitió que el caso contra el sacerdote Roma se cerró en Santa Cruz porque no contaban con elementos como para sostener una acusación. "Ahora tenemos la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de esta investigación", remarcó.
La autoridad exhortó a las autoridades para la creación de una Unidad Especial de Prevención de estos hechos porque los niños no pueden correr el riesgo de seguir con estas personas.
Los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Luis "Lucho" Roma se conocieron este fin de semana gracias a un trabajo periodístico realizado por El País, de España. El religioso, ya fallecido, tenía manuscritos y fotografías de niñas indígenas bolivianas a las que abusó durante décadas en la misión que cumplía en territorio boliviano. Se trata del segundo diario de un cura pederasta denunciado por este medio de comunicación español.
Según El País de España, la orden religiosa hizo una investigación interna que confirmó los crímenes del jesuita catalán Luis María Roma Pedrosa, pero luego procedió a su encubrirlo. Los jesuitas, tras la muerte de Roma en 2019, guardaron los hallazgos en un cajón donde permanecieron inéditos, hasta hoy.
El padre Lucho Roma estuvo como misionero en Charagua, departamento de Santa Cruz, entre 1994 y 2005.
“Las actuales autoridades a cargo del gobierno de la Compañía de Jesús en Bolivia tenemos la obligación moral de no obrar como se hizo en el pasado, digno de enérgica condena”, señala un nuevo pronunciamiento de esa orden religiosa