La exdiputada Lidia Patty presentó la denuncia por los hechos ilícitos de terrorismo, sedición y conspiración

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30 de noviembre de 2020, 17:20 PM
30 de noviembre de 2020, 17:20 PM

El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de la exdiputada Lidia Patty, presentó el viernes pasado una denuncia al Ministerio Público contra el excandidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho Parada, y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana que, según la denuncia, habrían gestado un golpe de Estado el 2019, contra el Gobierno de Evo Morales. Se pide la aprehensión inmediata de los nombrados, porque pueden abandonar el país.

Según el documento enviado a la Fiscalía de La Paz, la ciudadana Lidia Patty Mullisaca interpone denuncia “por los hechos ilícitos de terrorismo (Artículo 133 del Código Penal), sedición (Artículo 123) y conspiración (artículo 126), que han causado conmoción social en nuestro país”.

Los denunciados son Luis Fernando Camacho Vaca; su padre José Luis Camacho Parada; el Jefe de Operaciones de las FFAA en 2019, Sergio Carlos Orellana Centellas; el Jefe del estado Mayor en 2019, Flavio Gustavo Arce San Martín; el Comandante General de la Policía Boliviana 2019, Yuri Calderón; y el Comandante en Jefe de las FFAA, Willams Carlos Kalimán Romero.

Expone como víctimas de estos hechos al entonces presidente Evo Morales, como al vicepresidente Álvaro García Linera, a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra Arriaza y al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Ezequiel Borda Belzu.

Relación de los hechos

La denunciante exhibe al Ministerio Público que el 21 de octubre empezó a gestarse un golpe de Estado, con la quema de los tribunales departamentales electorales, “al mando de Luis Fernando Camacho”.

Dice que el 5 de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho llegó a La Paz y en declaraciones ante los medios de comunicación dijo que “logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de la policía y militares, quienes le brindaron paso por sus hangares”.

“El 8 de noviembre, en la ciudad de Cochabamba, comenzó el amotinamiento por efectivos de la unidad de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales). Sucesivamente, se sumaron en otros departamentos, conforme a lo planificado por José Luis Camacho y Luis Fernando Camacho y otros, que en el transcurso de la investigación, se determinará el grado de participación de todos los autores Intelectuales y materiales”, dice la demanda.

Más adelante apunta a Kalimán Romero, quien “acompañado de sus coautores del Alto Mando Militar, deliberaron el 10 de noviembre del 2019”, por lo que más tarde y en forma pública, le sugirieron al presidente Morales que renuncie a su mandato presidencial, “permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Evo se va para no perder la vida

Además, el documento de Lidia Patty declara que "por todos los actos sediciosos, conspirativos y terroristas que se sucedieron, el 10 de noviembre del 2019, con el riesgo inminente de perder la vida y velando por que el pueblo boliviano no sea masacrado, el presidente Morales, al no ser obedecido y no tener el mando de la Policía Boliviana y de las FFAA, renuncia a la Presidencia de Bolivia”.

De la misma manera lo hace el vicepresidente García Linera. En cuanto a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, esta renuncia “por el riesgo inminente de su vida y la de su familia”; y el presidente de Diputados, Víctor Borda hace lo mismo “toda vez que en Potosí fue saqueada y quemada su casa, secuestrado su hermano y llevado a la plaza. Después de ello, llamaron a Borda para decirle que si no renunciaba, quemarían a su hermano”.

Aprehensión directa

La demanda también pide emitir aprehensión directa contra Camacho Vaca, Kalimán Romero, Calderón Mariscal y Jorge Gonzalo Terceros Lara. Este último, fue Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana. Sin embargo, la demanda no especifica el grado de participación del supuesto golpe de estado.

La aprehensión directa se tramita por existir riesgo de fuga, según el documento que también pide que, una vez que se impute a los demandados, se los detenga preventivamente en el recinto penitenciario de Chonchocoro, “por la peligrosidad de los sindicados”.