Restan 90 días de gestión en el Legislativo y al menos tres retos clave que requieren consenso
Desde la Asamblea Legislativa dicen que tienen toda la predisposición para resolver los temas pendientes, pero no existen acuerdos políticos que lo garanticen. Atribuyen la falta de gestión política a intereses políticos personales.
La Asamblea Legislativa ya puso en marcha el operativo protocolar para celebrar el último aniversario patrio antes del bicentenario de 2025 y restan 90 días para que concluya la penúltima gestión del periodo constitucional que debe culminar el próximo año. En este tiempo, se deberían resolver las elecciones judiciales, la asignación de escaños sobre la base del censo ejecutado en marzo y la designación del nuevo Fiscal General del Estado.
Ante este escenario, el vicepresidente David Choquehuanca, quien además lidera la Asamblea Legislativa, convocó para este jueves a la novena sesión plenaria de ese poder dl Estado para que aprobar las listas de los candidatos a magistrados del Órgano Judicial que están contenidos en los informes finales de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.
Este proceso carga una demora de más de un año y debería viabilizar las elecciones judiciales para relevar a los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional, además del Consejo de la Magistratura, que se prorrogaron en sus cargos de manera unilateral e indefinida.
Judiciales, lo más urgente
Desde la perspectiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las Judiciales se constituye el reto más urgente, precisamente, por el vencimiento de los plazos formales y los riesgos de colisión que se puede dar con las elecciones primarias, establecidas en la ley de Organizaciones Políticas. De hecho, ya hubo un acuerdo “multipartidario” para anular, de manera excepcional, los comicios internos de los partidos a merced del proyecto de 482 de “Régimen excepcional y transitorio de elecciones Primarias”, que será tratado este miércoles”.
La primera secretaria de la directiva de la Cámara de Diputados, Rosario García Onofre, anticipó acuerdos para destrabar la gestión política. “Vemos que por primera vez se ha llegado a un acuerdo”, dijo la legisladora.
Dos tercios
El segundo filtro es el tratamiento, en sesión de la Asamblea Legislativa, de los informes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural que evaluaron a los postulantes al Órgano Judicial y al TCP. En caso de que se aprueben los informes con las listas de los postulantes, se enviarán las mismas al Órgano Electoral, para que inmediatamente se emita la convocatoria a las elecciones judiciales.
Para la aprobación de dichos informes, se requiere en apoyo de dos tercios de los parlamentarios presentes en la sesión, y existe una gran probabilidad de que el proceso de preselección quede en fojas cero por las varias observaciones que tienen los mismos asambleístas.
Los riesgos son de que se declare desierta la convocatoria para los postulantes al TCP en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí, porque no cuenta con el número suficiente de postulantes, ni cumple el requisito de equidad de género ni representación indígena.
El otro riesgo para la aprobación de las listas está en las denuncias contra los parlamentarios que hicieron “chanchullo” para favorecer al menos a cinco postulantes del TCP y del TSJ. Esto de acuerdo a las denuncias públicas que se presentaron con videos y fotografías de los supuestos infractores, entre ellos la senadora Patricia Arce y los diputados Aleida Joseff Tellez y José Luis Flores, todos del MAS.
El Legislativo tiene hasta el 15 de agosto para definir el tema, si no lo hace, el TSE emitirá la convocatoria para las elecciones Primarias.
Elección de un nuevo fiscal
El tercer desafío que tiene la Asamblea Legislativa es la elección de un nuevo Fiscal General del Estado, ya que Juan Lanchipa, que es la actual autoridad, fue posesionado el 23 de octubre de 2018 y su mandato, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), tiene una duración de seis años, plazo que se cumple en octubre de este año.
En este tema, se tiene un 50% de avance, puesto que el 4 de julio, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones, y en sus dos estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley número 119/2023-2024 “Ley de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado”, y lo remitió a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.
Al respecto, el jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, informó que dicho proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Justicia Plural de Diputados. “Ese proyecto tiene que ser tratado en la Comisión, tenemos que tener el informe y una vez que se tenga el informe de Justicia Plural podrá ser considerado en la plenaria de Diputados”, dijo Urquidi a EL DEBER.
El procedimiento para elegir a una nuevo Fiscal General del Estado, será casi similar al de la elección del Defensor del Pueblo o al de los postulantes al Órgano Judicial. Se publicará una convocatoria, se determinará un lapso para la inscripción de postulantes; después de ello se revisará si cumplen o no con los requisitos para habilitar a los que sí cumplen; después se publicará la lista de los postulantes habilitados e inhabilitados. También habrá la presentación de impugnaciones; y la resolución de las impugnaciones tendrá un plazo definido.
En esta elección también habrá un examen oral para elegir al mejor profesional para que ocupe el cargo. Uno de los requisitos para postular es no haber ocupado el mismo cargo con anterioridad, es decir, Lanchipa no podrá postularse.
¿Y los escaños parlamentarios?
Este tema es el más incierto para su tratamiento, porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) adelantó que no entregará en agosto los datos oficiales de población que son requeridos para este trabajo. Este retraso, fue cuestionado en el Legislativo que espera que el INE “cumpla su compromiso que hizo ante el país”, sin excusas.
Uno de los objetivos del Censo de Población y Vivienda que se realizó en marzo, es realizar la redistribución de escaños de acuerdo a los datos actualizados de población, para que así todas las regiones tengan una representación equilibrada en la Asamblea Legislativa. El objetivo es aplicar los mismos para las elecciones generales de 2025.
Para cumplir este objetivo, se requieren varios pasos: primero, que el INE remita al TSE “los datos oficiales de población (…) para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral.
“La primera etapa que es de coparticipación tributaria estaremos entregando el 30 de agosto y para el tema de los escaños en diciembre”, afirmó Arandia a EL DEBER el pasado 23 de julio.
Al respecto, el diputado Urquidi recordó que el “compromiso oficial del INE” es entregar los datos oficiales al TSE hasta el 30 de agosto porque tanto el Órgano Electoral, así como la Asamblea Legislativa tienen que cumplir todo un procedimiento previo a aprobar una norma para que se aplique en las elecciones generales de 2025.
“El INE tiene que entregar hasta el 30 de agosto los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda respecto al tema poblacional, es decir, resultados oficiales de cuántos somos en el país. Estos resultados tienen que ser entregados al TSE para que realice el trabajo técnico de la reconfiguración de las circunscripciones y de la distribución de escaños parlamentarios en el marco de la Ley de Régimen Electoral (026), y una vez que se haga ese trabajo el Tribunal Supremo Electoral tiene que trabajar en un proyecto de ley y remitirlo a la Asamblea Legislativa para que la considere y la apruebe”, explicó Urquidi.
En caso de que el INE envíe recién en diciembre los datos oficiales al TSE, esta cuarta gestión legislativa ya no tratará el tema dado que, entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, hasta antes del 7, los parlamentarios estarán enfrascados en formar las nuevas directivas camarales y las nuevas comisiones tanto de Diputados como el Senado, para afrontar el último año de su legislatura, además del Presupuesto del Estado para el 2025.
A estos desafíos se unen las exigencias del Gobierno y las conminatorias de sus organizaciones sociales que demandan al Legislativo que dejen de “bloquear” la economía del país y aprueben al menos unos 11 créditos internacionales pendientes que inyectarán más de $us 1.000 millones al país. No obstante, desde el Senado y Diputados respondieron que no deben nada y que los únicos préstamos internacionales pendientes están en tratamiento en las comisiones.
