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La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, criticó este lunes el manejo "poco responsable" sobre la denuncia de violación a una niña de 11 años de edad en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz), que quedó embarazada y finalmente no será sometida a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que corresponde en casos de violación a menores de edad.

“En vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo con la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”, criticó Cruz.

Además, dijo que observa el incumplimiento de funciones por el personal de la Defensoría de la Niñez y del personal de salud de dicho municipio con relación al manejo de la información y al procedimiento en el citado caso.

“Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la ILE, y el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”, indicó la autoridad.

También manifestó su alarma ante la intervención de la iglesia Católica con relación a este caso y los procedimientos establecidos legalmente para la atención de casos de violación a menores. Dijo que su intención de “apoyo temporal” podría incurrir en acciones que están fuera de norma, como son la guarda y la adopción ilegal. Además, recordó que existe independencia entre religión y Estado.

La Defensora del Pueblo considera que las niñas y adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esta decisión de manera oportuna e informada en un marco legal y seguro, para salvaguardar su salud, integridad física e incluso su vida. Negar el acceso al aborto legal y seguro o de atención posaborto, indicó que puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico, especialmente en casos de incesto o violación.

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