Human Rights Watch ratifica su preocupación por la falta de independencia de la justicia

César Muñoz, de Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) presentó hace algunos días el informe mundial de 2021. En el capítulo vinculado con Bolivia, señaló que la justicia “sufre efectos de la interferencia política desde hace años” y expresó el interés de seguir de cerca el proceso de reforma.

Esta postura fue planteada por César Muñoz, investigador sénior del departamento de América Latina, en una entrevista con EL DEBER. Al especialista también le llamó la atención la incidencia de feminicidios y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en el país.

Muñoz es graduado de la Universidad del Sagrado Corazón y de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins (EEUU).  Se unió a HRW a fines de 2014. Esta fue la conversación con EL DEBER.

-¿Cuál es la metodología que emplea la HRW para elaborar sus informes?

Human Rights Watch es una organización internacional de derechos humanos, no gubernamental y sin fines de lucro, que no suscribe a ninguna ideología política y se financia con donaciones privadas, sin recibir financiación de ningún gobierno del mundo.

Elaboramos nuestros informes a partir de entrevistas con víctimas de abusos de derechos humanos, policía, fiscales, abogados, autoridades, miembros de la sociedad civil y especialistas en las diferentes temáticas. También examinamos informes forenses, videos y fotografías que pueden ser evidencia de violaciones de derechos humanos, expedientes y decisiones judiciales, y otros documentos oficiales. Todas estas fuentes nos permiten analizar diferentes situaciones de derechos humanos tomando como fundamento principal el derecho internacional.

-¿Estos reportes han influido en favor de los Derechos Humanos?

La documentación sobre violaciones de derechos humanos es muy importante. En primer lugar, coloca a los derechos humanos en la agenda política e impulsa a las autoridades a que tomen medidas concretas para proteger los derechos y libertades básicas. En los casos de violencia y asesinatos, los reportes pueden contribuir de forma importante que haya justicia para las víctimas y sus familiares, al aportar documentación sobre esas violaciones de derechos.

Para darle un ejemplo concreto sobre el impacto de nuestro trabajo le puedo mencionar el caso de las escopetas antidisturbios en Chile usadas por Carabineros contra manifestantes, que en las protestas del 2019 generaron cientos de heridos oculares, en algunos casos de ceguera completa. Su uso fue suspendido por las autoridades chilenas ante la recomendación de Human Rights Watch.

-Entidades internacionales cuestionaron la aplicación de la figura penal de terrorismo en Bolivia para perseguir políticamente. ¿Cuál es la evaluación de la HRW?

La definición de terrorismo en el derecho penal boliviano es excesivamente amplia y contraviene estándares internacionales. Ella permite que sea utilizada para castigar como delitos acciones que están protegidas por la libertad de expresión y de asociación, así como castigar de manera desproporcionada acciones que distan mucho de lo que se considera un acto terrorista según los estándares internacionales.

Durante el gobierno de Evo Morales se abrieron casos por terrorismo que toda la evidencia indicaba que estaban motivados por cuestiones políticas. Luego, el gobierno interino de Jeanine Áñez también impulsó procesos penales por los delitos de terrorismo o sedición contra más de 150 personas vinculadas al gobierno del expresidente Morales, incluido el propio Morales. Yo estuve en Bolivia en 2020 recogiendo información, entrevistando a fiscales y examinando esos expedientes. Nuestra conclusión es que hubo cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

En la actualidad, ese mismo tipo penal amplio y vago se está usando contra la propia Áñez, que lleva más de 10 meses en detención preventiva. Nosotros analizamos la imputación por terrorismo y proposición acusatoria por genocidio contra ella y concluimos que esos documentos no incluyen evidencia de que ella haya cometido estos delitos.

-Se ha cuestionado la independencia judicial en Bolivia. ¿Cuáles es la preocupación de la organización en este ámbito?

El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. Este fenómeno ha estado presente en gobiernos de distinta ideología política, comenzando con el expresidente Morales, continuando con la expresidenta interina Áñez y permanece ahora bajo el gobierno de Arce.

Alrededor del 80% de los jueces y fiscales en el país aún son “transitorios”, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo. Se requiere una justicia independiente como condición indispensable para la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos. La reforma estructural de la justicia, para dotarla de independencia e imparcialidad, es más urgente hoy que nunca.

El presidente Arce comenzó su mandato afirmando que el sistema de justicia debía ser independiente de la política y prometió una reforma de la justicia. Muy por el contrario, hemos visto acciones que no se condicen con ese discurso, como por ejemplo el decreto de amnistía de febrero de este año, que parecía dirigido a favorecer a partidarios del gobierno, y el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que permitía a agentes del Estado obtener datos privados sin ningún tipo de autorización o control judicial y vulneraba el secreto profesional y de fuente periodística. Fue la fuerte presión dentro y fuera de Bolivia lo que llevó al gobierno a derogar el decreto de amnistía y retirar el proyecto de ley.

-¿Cómo se evalúa a Bolivia en el escenario de respeto a los derechos humanos?

Human Rights Watch acaba de publicar su informe anual, donde evaluamos la situación de derechos humanos en 100 países. Como desde hace ya muchos años cuenta con un capítulo sobre Bolivia.

Además del problema de la independencia judicial, nos preocupa que las mujeres y niñas continúen expuestas a un alto riesgo de violencia. Se ve con claridad en el dato de 108 feminicidios contabilizados por  la Fiscalía en 2021 y en los numerosos casos de abuso sexual contra niñas que luego ven su derecho al aborto legal obstaculizado, sufriendo estigma, maltratos y revictimización. También es un problema crónico el uso excesivo de la prisión preventiva, que llega al 65 % de los reclusos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, nos preocupan los obstáculos que los pueblos indígenas enfrentan para ejercer su derecho, reconocido por el derecho internacional, a la consulta previa, libre, e informada respecto a medidas que puedan afectarlos, y los incendios iniciados por agricultores que se extienden a sus tierras, llegando a afectar el 42 % de los territorios indígenas de la Amazonía y las tierras bajas entre 2010 y 2020.

-¿Existe el interés de la organización para hacer un seguimiento de la reforma judicial que se plantea en Bolivia?

Human Rights Watch está comprometida en contribuir para una reforma judicial en Bolivia. La falta de independencia de la justicia es una de nuestras principales preocupaciones en Bolivia desde hace muchos años. Queremos aportar nuestra experiencia y conocimiento del derecho internacional para que las bolivianas y los bolivianos puedan de una vez por todas acceder a una justicia imparcial, independiente y que vele por el respeto de los derechos humanos.

-¿Cómo está Bolivia en cuanto a la libertad de expresión en relación a la región?

Como en muchos países de América Latina, en Bolivia vemos agresiones físicas y verbales contra los periodistas que afectan gravemente el derecho a la libertad de expresión. En particular, nos preocupa el uso de un discurso hostil por parte del gobierno contra distintos medios de comunicación, así como los casos de violencia contra periodistas por policías o manifestantes que se dieron durante el 2021. El ejercicio de la prensa independiente es uno de los pilares de la democracia y del Estado del derecho. Instamos a las autoridades a defender su ejercicio libre y a garantizar investigaciones completas, independientes y sin demora de cualquier delito que se cometa contra periodistas.

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