Asamblea de la cruceñidad exige la renuncia del presidente del TSE y da 48 horas al Gobierno para levantar bloqueos

Pasadas las 19:15 de este martes se inició en el Comité Cívico pro Santa Cruz la Asamblea de la Cruceñidad, que debido a la pandemia del coronavirus se tuvo que realizar de manera virtual. Los conflictos sociales que atraviesa el país y las futuras elecciones son los temas que serán abordados por los cívicos.

Rómulo Calvo, presidente cívico, fue el encargado de iniciar la Asamblea dirigiéndose a todas las personas que siguen la transmisión en directo, a través de las redes sociales. Descalificó las movilizaciones que están impidiendo el traslado de ayuda humanitaria para los enfermos de Covid-19. 

En la oportunidad, dijo que esta noche todos los presentes tomarán las determinaciones que el Comité Cívico hará cumplir. 

Calvo hizo referencia al mes de octubre cuando se inició el movimiento de ‘Las Pititas’ que derivó en la salida del expresidente Evo Morales y advirtió que se puede repetir este movimiento cívico, si el Gobierno no levanta los bloqueos y si el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero, no presenta su renuncia.

“Octubre es un mes memorable para los bolivianos, fue el comienzo de la lucha para hacer huir al dictador, cuidado que también en octubre el pueblo acabe con un tribunal electoral, con una asamblea legislativa y con el poder judicial. Tienen un tiempo muy corto para renunciar, señor Salvador Romero, señor Juan Lanchipa, senadores y diputados del MAS. Damos un plazo de 48 horas al Gobierno para desbloquear todas las vías de nuestro territorio departamental, porque nuestra juventud, los hombres y mujeres de este pueblo vamos a asumir la defensa de nuestro territorio”, advirtió Calvo. 

El agro declarado en emergencia

Reinaldo Díaz, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), denunció que el sector agropecuario se ha declarado en emergencia debido a los bloqueos de carreteras que no solo están atentando contra la inversión de los productores, sino están exponiendo a los bolivianos a un posible desabastecimiento de alimentos.

“Todos estamos soportando la crisis sanitaria y económica, pero vienen los bloqueos en el peor momento de nuestra historia, lo más grave es la crisis en la que están quedando miles de familias bolivianas que se dedican al agro de forma directa e indirecta y todo esto conduce a una mayor pobreza. Nos adherimos a todas las medidas y decisiones que el Comité tomé”, advirtió Díaz.

Resoluciones 

Después de tres horas y tras la participación de varios asambleístas representantes de las instituciones afiliadas al Comité, Rómulo Calvo procedió a la lectura de las siete resoluciones que emanaron de la asamblea virtual de la cruceñidad y fueron aprobadas por los participantes.

Primero. Exigir al Ministerio Público como defensor de la sociedad dar celeridad al proceso penal iniciado por el Comité pro Santa Cruz contra Evo Morales y todos los dirigentes del MAS vinculados, así como a los dirigentes Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano. Asimismo, hacer esta denuncia ante los organismos pertinentes de la comunidad internacional.

Segundo. Exigir a la presidenta constitucional y a su gabinete cumplir con firmeza el imperio de la ley en Bolivia, activando todos los mecanismos legales de resguardo y protección de las garantías constitucionales, gobernando para todos y cada uno de los bolivianos sin cálculos políticos.

Tercero. Exigimos la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del pueblo boliviano, debiendo actuar con independencia y solvencia ética en el marco de la ley, precautelando la salud y la vida del pueblo boliviano. En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral deberá sancionar al MAS cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos.
3.1. Demostrar inmediatamente y de manera pública la situación y saneamiento del padrón electoral.
3.2. Demostrar de manera pública y formal, el cumplimiento de las sanciones y observaciones realizadas por la OEA y la Unión Europea respecto del proceso fraudulento del 2019.
3.3. Anular la convocatoria a las elecciones y convocar a un nuevo proceso eleccionario donde un comité científico de salud reconocido nacional e internacional, recomiende sin que corra riesgo la salud de los bolivianos.
3.4. Mediante Resolución expresa de sala plena del tribunal supremo electoral, reponer los tribunales electorales departamentales sus competencias autónomas, así como la administración del Sereci y del padrón electoral.
3.5. Destituir de manera inmediata a todos aquellos funcionarios que hubieran trabajado en el proceso electoral fraudulento del 2019, incluyendo aquellos que trabajaron en el exterior.

Cuarto. Exigir al Ministerio Público y al poder judicial presenten un informe actualizado y circunstanciado del estado del proceso por el fraude de las elecciones del 2019.

Quinto. Exigir a la Asamblea Legislativa que se despoje de su conducta partidista y mezquina para atender las necesidades del pueblo con relación a los préstamos y apoyos económicos que se necesitan en el país para atender la pandemia y la reactivación de la economía nacional y de manera puntual dar curso a la aprobación del 10% del presupuesto para la salud. En caso de incumplimiento promoveremos la denuncia penal contra los asambleístas por incumplimiento de sus deberes y atentados contra la salud pública.

Sexto. Instar a todos los partidos políticos con real vocación democrática a priorizar y mantener por encima las diferencias partidarias la unidad en torno a la defensa de la democracia, la libertad y la transparencia del proceso electoral.

Séptimo. Damos un plazo al gobierno central de 48 horas para que de manera inmediata se levanten los bloqueos en todo el departamento, caso contrario el pueblo cruceño en su derecho a la legítima defensa consagrado en las leyes, la CPE y la Declaración de los Derechos Humanos, se autoconvocará a movilizaciones en todas las carretas del departamento donde se impida la libertad de circulación.