De acuerdo con la información proporcionada por el mismo sitio web de Global Human Rights League, el director ad honorem es el mismo Jorge Valda, abogado de la familia del extinto Carlos Alberto Colodro. Presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

30 de mayo de 2023, 19:40 PM
30 de mayo de 2023, 19:40 PM

Global Human Rights League, una organización sin fines de lucro que trabaja en defensa de los derechos humanos, se manifestó sobre el proceso de investigación que se inició tras la muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro. 

A través de las redes sociales, emitieron un comunicado en el que se califica de ''crimen macabro " el hecho del pasado 27 de mayo. 

"...el Dr. Carlos Alberto Colodro fue encontrado sin vida en circunstancias aún no esclarecidas, pero que denotan hechos de violencia. Se trata de un crimen macabro que aparentemente no está siendo investigado de forma transparente e igualitaria. Desde que el ministro de Gobierno hizo pública una supuesta carta póstuma, la cual claramente no corresponde al estilo de escritura, forma de hablar o referencias que él solía utilizar, por ello se ha tenido que realizar un estudio grafológico", reza el primer párrafo del documento.

Asimismo, la institución señala que se les "ha negado el derecho de participar y proponer peritos, así como entregar documentación como cartas, documentos, notas y cuadernos donde se encuentran las letras o los grafismos del Dr. Colodro. Esto es inaceptable, ya que el propósito fundamental de la justicia es transparentar los sucesos o llegar a la verdad".

Es más, sostienen que "desde ese momento, la familia y los hijos han sido discriminados en la investigación, la cual se lleva a cabo de forma unilateral. Incluso (se ha apartado) al abogado (refiriéndose a Jorge Valda). A él tampoco se le ha permitido obtener un mayor acceso al portafolio digital ni a los actos investigativos que se están desarrollando de forma individual". 

Afirman que el Ministerio de Gobierno estaría cometiendo una intromisión y "una injerencia ilegal indebida en este proceso".

El documento revela "presiones y amenazas que la familia ha recibido, así como la inseguridad para el abogado y su equipo de juristas. Ellos no han lucrado de ninguna manera con esta tragedia y nunca ha sido su objetivo". 

Es debido a ello, que según indica el comunicado, "la familia ha tomado la determinación de apartarse del proceso, no reconociendo ni convalidando ninguna actuación procesal, y simplemente esperando que las autoridades tomen decisiones responsables y transparentes, sin utilizar la muerte de su padre como una herramienta política o jurídica para dañar su buen nombre ni atentar contra la familia".

Inclusive, el documento señala que "esta decisión se toma ante los múltiples ataques públicos y confidenciales que, por razones de seguridad, no pueden ser revelados". 

Según aseguran, "no existen condiciones de seguridad para buscar la verdad de los hechos, por lo cual se mantiene firme y vigente la decisión de presentar una denuncia y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)". 

Remarca claramente el pedido "a todos los defensores de los derechos humanos que estén muy atentos ante la posibilidad de un abuso de manipulación de información y direccionamiento de este proceso, que podría llevarse a cabo en contra de la familia o de terceras personas bajo el pretexto de investigar un crimen macabro, por parte de una entidad estatal que no responde a la justicia y que no está dentro de sus atribuciones o funciones".

Global Human Rights League advierte, en el mismo  comunicado, que "como organismo internacional encargado de la defensa de los derechos humanos y de prevenir actos de abuso de poder, a través del director de Bolivia y la comisión de abogados de Santa Cruz, se presentarán en el proceso como denunciantes para seguir esclareciendo un hecho que parece ser utilizado como un mecanismo de instrumentalización para perseguir, apresar, forzar al destierro y destruir vidas enteras, familias, así como consolidar el control del departamento de Santa Cruz".

De acuerdo con la información proporcionada por el mismo sitio web de Global Human Rights League, el director ad honorem es el mismo Jorge Valda, abogado de la familia del extinto Carlos Alberto Colodro.