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Responsabilidad y equidad tributaria

Antonio Rocha 21/12/2020 08:03

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Esta semana estamos siendo testigos de dos reformas tributarias importantes que harán a las obligaciones fiscales de las personas naturales, la primera afectará a las personas con patrimonio mayor de 30 millones de Bolivianos que serán gravadas con el impuesto a las grandes fortunas (IGF) y la otra reforma permitirá la devolución limitada del Impuesto al Valor Agregado pagado por el trabajador dependiente, en sus compras domésticas bajo el Régimen Complementario al IVA.

La responsabilidad tributaria corresponde a un deber del ciudadano de contribuir a la sostenibilidad del Estado de proveer a las personas servicios públicos, seguridad, educación, infraestructura, justicia, etc. Para esto el Estado percibe ingresos de los tributos que pagan empresas nacionales y extranjeras, sus ciudadanos, por los derechos a la explotación de los recursos del Estado, de fuentes financieras y de inversión y de donaciones y condonaciones que percibe de otros Estados o particulares.

El problema esencial sobre la responsabilidad tributaria es quiénes la asumen, si partimos de algunos datos ya corroborados por fuentes oficiales, tenemos que solo 1,5 millones de personas poseen un trabajo formal, de al menos 5 millones de personas que comprenden la población económicamente activa (PEA), con lo que se concluye que el 70% del empleo es por cuenta propia e informal, de lo que se deduce otra realidad, que dos terceras partes de la economía boliviana están en la informalidad. En el caso de las empresas, menos del 20% tributan más del 80% de los ingresos por recaudación tributaria.

Entonces quienes asumen responsabilidad tributaria constituyen solo una tercera parte de la población y solo una quinta parte de las empresas realizan una contribución significativa al Estado. Es decir que el Estado en la práctica subvenciona una gran parte de la población que no realiza ninguna contribución al fisco, o su contribución es minúscula, en muchos casos amparados en regímenes tributarios excepcionales como el simplificado, el unificado o el agropecuario, no por la naturaleza misma de estos regímenes, sino por el mal uso de ellos, donde se camuflan personas que deberían estar en el Régimen Tributario General, al que están obligados desde una tienda de ropa y calzados hasta un pequeño restaurant u hotel.

Si analizamos la carga fiscal por contribuyentes podemos también evaluar la inequidad del sistema tributario, siendo que uno de los principios de la renta es el de gravar de manera justa y equitativa una determinada actividad económica, este no se aplica en el sistema tributario boliviano. El más claro ejemplo de inequidad tributaria lo tenemos en la producción de la hoja de coca, que en 25 mil hectáreas produce un estimado de 30 mil toneladas cuyo valor de mercado asciende a 360 millones de dólares y cuya contribución al fisco es cero, o el caso de la producción pecuaria que con un hato ganadero cercano a 10 millones de cabezas de ganado bovino y un valor de mercado de al menos 1200 millones de dólares su contribución al fisco es ínfima bajo el Régimen Agropecuario, situación similar a la del transporte bajo el Régimen Integrado.

Esta inequidad se refleja en la carga tributaria que soporta una tienda de ropa o una pequeña fábrica de alimentos o una panadería, que está obligada bajo el Régimen Tributario General a pagar 13% de sus ventas en IVA, 3% en impuestos a las transacciones y 25% de impuesto a las utilidades, esto sin contar la carga social de la plantilla de empleados, cuyo costo asciende a cerca del 25% del costo de la planilla. Entonces claramente se percibe que bajo la misma Ley hay muchos “sacrificados” que soportan toda la carga tributaria del Estado y por el otro lado hay “vivos” que perciben beneficios de ese sacrificio.

La administración eficiente de la recaudación tributaria pasa por la universalización del impuesto y la eliminación gradual de los regímenes de excepción que resultan discriminatorios. Un régimen tributario universal, con una carga tributaria razonable que promueva su cumplimiento y no que presione hacia la evasión, donde las actividades artesanales, agrícolas, pecuarias de baja escala podrán tener excepciones determinadas bajo estricto control fiscal pero que de ninguna manera puedan ser utilizadas para solapar actividad económica de gran escala, lo cual se previene con inteligencia fiscal. Un país más justo es aquel en el que todos tributamos por igual en función de lo que generamos.

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