El relato de “golpe”, pasando de castaño oscuro
Que algún sector del MAS hubiera decidido adherirse a la narrativa de “golpe de estado”, diseñada por la cúpula del jefe masista para tratar de liberarlo de responsabilidades en la crisis política que vivió Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, no resulta extraño si se considera el peso de Morales en la estructura de la organización política que, hasta hace un tiempo, dependía casi exclusivamente de la imagen del caudillo. Lo que sí está siendo ya no solo insostenible, sino también inadmisible, es que esa narrativa haya pasado de ser apenas el intento marginal de algunos, para convertirse en una “cuestión de estado” para el gobierno presidido por Luis Arce.
Una apuesta peligrosa que va más allá del impacto negativo visto ya en el gobierno actual -incapaz de concentrarse en las dos tareas centrales hoy, la lucha contra el COVID-19 y la reactivación económica- y que amenaza, lamentablemente, debilitar aun más la también ya frágil salud de la democracia en Bolivia. Muchos creen que así es, porque al Gobierno le interesa distraer la atención ciudadana con pugnas políticas, para evitar que queden en evidencia sus graves limitaciones para dar respuestas inmediatas, efectivas y justas a los dos problemas ya citados. Algo de razón hay en esta mirada. Pero el dato que no se debe dejar de lado en el análisis es la apuesta de Morales y su cúpula, de la que no están libres Arce y compañía: consolidar su proyecto de concentración de poder, al precio que sea.
Una apuesta que incluye el retorno de Morales al ejercicio del poder formal, a costa del propio Arce e incluso de Choquehuanca. No se entiende de otra manera que lo que fue al inicio la adhesión de algún sector del MAS al relato de “golpe de estado”, hoy sea ya una campaña casi compacta que apunta, más que nunca, a salvar la figura del jefe del partido. Una figura descompuesta, deteriorada, descalificada, y no por méritos exclusivos de las varias y numerosas voces críticas y opuestas a Evo y a lo que él representa, sino también (hasta podría decirse, principalmente) por méritos propios: por muchos intentos que él y su entorno hagan para cambiar la historia de lo ocurrido a fines de 2019, nada borrará el hecho fáctico de su renuncia a la Presidencia y su huida hacia México.
Tampoco podrán borrar los antecedentes que derivaron en esa crisis política y que tienen en el desconocimiento a los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 2016 un hito central, al que luego se sumó el fraude electoral denunciado tras los comicios de octubre de 2019. Un fraude evidenciado por auditoría internacional, admitido por el entonces presidente Morales, como lo prueban sus acciones inmediatas: la anulación de la elección y la destitución de los vocales del TSE, así como el anuncio de nuevas elecciones. Si no fue fraude electoral, como sostiene hoy, ¿por qué corrió a anular los comicios y destituir a los vocales electorales, tras conocer los resultados de la auditoría de la OEA? Para entonces, sin embargo, esas decisiones presidenciales ya no eran suficientes.
El malestar creció aun más al ver que, pese a todo lo visto, Morales y su cúpula pretendía persistir en el error (o mala fe) de ir a nuevas elecciones con la misma fórmula del fraude.
Lo que vino después fue la profundización de la crisis, a la que Morales y su entorno trató de sortear con una estrategia desesperada que no resultó como esperaban. Renunció a la Presidencia, le siguió Álvaro García a la Vicepresidencia, luego y en cadena los presidentes del Senado y de Diputados, el primer vicepresidente del Senado, varios parlamentarios y, por supuesto, los ministros de su gobierno. Apostaron a un vacío de poder, a una solución por el desastre que finalmente no se dio, porque hubo una salida constitucional alentada desde la sociedad civil, en concertación con la misma clase política, con la Iglesia y con el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.
Una salida de emergencia para salvar la coyuntura, pero que no significó la solución final de la crisis, ni la erradicación de las amenazas que acechaban entonces a la estabilidad de la democracia en Bolivia. Las amenazas persisten, porque persiste la obstinada apuesta política y autoritaria de esa cúpula del MAS, tal como lo está demostrando la reedición de sus estrategias de persecución política y judicial. Una apuesta que está pasando de castaño oscuro, expresión adecuada para referirnos ahora al relato mentiroso en el que persisten los voceros del MAS, incluyendo aquí al mismísimo presidente Arce, y que ya sobrepasan todos los límites tolerables posibles. Un extremo que, de no ser frenado en seco, vuelve a poner en serio riesgo la pacificación real del país y la misma estabilidad democrática. La pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a activar el freno?
Maggy Talavera es Periodista
